Por Comunicaciones

Panamá, enero 2023 – La Ley de Política Agroalimentaria de Estado de Panamá, que fue diseñada para asegurar el derecho humano a la alimentación y proteger al sector productivo, entró en vigencia el pasado 18 de enero de 2023.

El presidente Laurentino Cortizo Cohen en el acto de sanción de la nueva norma. Foto: Ministerio de Presidencia, República de Panamá

El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó la norma en un acto que contó con la asistencia de cientos de agricultores de distintas regiones de Panamá y que tuvo como invitado especial al Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero. A su vez, estuvo presente el Dr. Arnulfo Gutiérrez, Director General del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y Presidente de FONTAGRO.

La ley, primera de su tipo en la región, es fruto de un proceso de discusión de más de dos años con el sector público y privado de Panamá. La misma busca crear las condiciones para que todos los habitantes del país puedan acceder en todo momento a alimentos sanos y nutritivos a precios accesibles. Además, favorece la competitividad del agro, haciendo foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental de la producción de alimentos y el bienestar de los habitantes de las zonas rurales.

“No podemos privilegiar las importaciones de alimentos como hicimos en el pasado. Cuando se necesiten, podemos ponernos de acuerdo en qué productos hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no vamos a importar alimentos cuando están nuestros productores cosechando”, declaró el presidente de Panamá y agregó que esta ley es un ejemplo a seguir por otros países.

A futuro, se prevé un portafolio de proyectos de inversión por más de 1200 millones de dólares en los próximos diez años, con el foco puesto en la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social de Panamá.

Según determina la ley, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el de Economía y Finanzas, será el encargado de construir el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural. Algunos de los objetivos que deberán estar incluidos en el Plan son la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales, la promoción de la competitividad, la gestión eficiente de los territorios rurales y el fomento de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

De igual forma, esta hace hincapié en la importancia del fortalecimiento de la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y tecnología para enfrentar los efectos del cambio climático, algo que el país viene trabajando de la mano por medio del IDIAP en proyectos con FONTAGRO.

Ejemplo de esto es el proyecto ‘Horticultura Protegida’, en el que se busca contribuir al mejoramiento de la competitividad de los sistemas hortícolas de agricultura familiar a través de innovaciones tecnológicas para la intensificación y diversificación sostenible de la producción bajo condiciones protegidas, de cara a la vulnerabilidad del trabajo a campo abierto en condiciones ambientales adversas. Y similarmente el proyecto de escalamiento de la producción de semilla de frijol biofortificado con hierro, y los sistemas de alerta contra enfermedades en papa, por citar algunos.

“Para nosotros es muy importante que se va a considerar como uno de los pilares la investigación y la tecnología. En eso estamos trabajando desde IDIAP con todo nuestro equipo”, destacó el Dr. Gutiérrez.

 

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Sobre FONTAGRO

FONTAGRO se creó 1998 con el propósito de promover el incremento de la competitividad del sector agroalimentario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en la región. El objetivo de FONTAGRO es establecerse como un mecanismo de financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología e innovaciones agropecuaria en América Latina y el Caribe y España, e instituir un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación tecnológica. Los países miembros son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En los últimos 22 años se han cofinanciado 167 plataformas regionales de innovación agropecuaria por un monto de US$124 millones, que ha alcanzado a 452 instituciones y 33 países a nivel mundial.