Entre los dramáticos cambios que se están observando en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe, se incluye la incidencia creciente, en las funciones de producción predominantes, de una familia de tecnologías que, por sus características, no pueden ser clasificadas según la clásica división de bienes públicos y privados. Aunque dotados de una naturaleza casi pública pura debido a que no puede excluirse a nadie de "consumirlos" una vez disponibles, son pocos los que (a) efectivamente están en condiciones de hacerlo o (b) se benefician indirectamente como consecuencia de su adopción por los productores. Se plantea, para estos casos, la necesidad de que su producción se haga a costo compartido, como un mecanismo de internalización de externalidades positivas. Por otro lado, existe otra categoría de tecnologías semi-públicas de carácter conocimiento-intensivo que, debido a lo complejo de su incorporación al productor (vía capacitación), pueden ser internalizadas (recuperando total o parcialmente el costo de producción) aún después de alcanzar el estado de disponibilidad.

En cuanto a las tecnologías apropiables, las capacidades instaladas de los sistemas públicos de investigación y desarrollo (I y D) deben contabilizarse, cuando se analiza el tema de la financiación compartida con agentes privados, como ventajas comparativas aptas para ser explotadas en beneficio de la comunidad toda, si es que se consiguen generar expectativas favorables acerca de la confiabilidad del sector público en su rol de socio comercial, tanto en lo relativo a la continuidad de los compromisos contractuales, como en el complejo asunto del respeto ir restricto a los derechos de propiedad intelectual involucrados. Asimismo, las implicancias de la eventual monopolización o cartelización de tecnologías con características de bien privado, obtenidas a partir de emprendimientos conjuntos, sobre la equidad (en el sentido del balance costo/beneficio a escala social, incluyendo el impacto a nivel de consumidor), deberían ser tomadas en cuenta en una etapa previa de análisis de potenciales arreglos público-privados en este terreno.

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